Pasada la urgencia del anuncio, es momento de analizar por qué el Tribunal Supremo decidió no frenar la regularización extraordinaria. El viernes pasado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo puso fin a un intento de bloqueo judicial que mantenía en vilo a miles de compatriotas. La justicia fue clara: no hay motivos suficientes para paralizar un proceso que ya es una realidad para más de medio millón de personas.
¿Quiénes estaban detrás del pedido para congelar el decreto? Los protagonistas fueron el Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, el partido Vox de Santiago Abascal y la asociación ultracatólica Hazte Oír, lobby vinculado a la sociedad secreta “El Yunque”. A ellos se suman dos organizaciones de la derecha judicial española: Libertad y Justicia, conocida por su denuncia contra Pablo Iglesias y por liderar la ofensiva judicial contra el “procés” y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, de corte franquista y opositora a las leyes de memoria histórica. Todos ellos presentaron recursos exigiendo la suspensión inmediata de la medida, alegando que el decreto se hizo “por la puerta de atrás” y que generaría un “daño irreparable” a los servicios públicos españoles.
Un efecto llamada a los que ya están aquí
Los argumentos sin fundamentos que usaron para intentar frenar la regularización de migrantes se basaron en la trampa de un “efecto llamada” y un “colapso sanitario” inminente. Madrid llegó a decir que la medida saturaría las oficinas de empleo y las listas de espera de los hospitales. Por su parte, Vox y Hazte Oír —aliados ideológicos de Javier Milei— tildaron el proceso de “fraude de ley” y sugirieron que tiene fines electorales. Sin embargo, la Abogacía del Estado fue tajante frente a los jueces: obtener la residencia no otorga el derecho al voto en las elecciones generales, desarmando así uno de los principales ataques contra la norma.
El Supremo rechazó los recursos basándose en que los perjuicios denunciados por Ayuso y Abascal son “abstractos” y no están probados. En cambio, el tribunal entendió que frenar el proceso sí causaría un daño real a los 549.596 solicitantes que ya iniciaron el trámite. De hecho, unas 91.505 personas ya pasaron el primer filtro de seguridad, lo que demuestra que el Gobierno está realizando un “chequeo” riguroso y no una concesión masiva al azar.
La regularización para la integración
Con el fallo en la mano, desde el gobierno celebraron que la regularización extraordinaria siga firme, asegurando que busca integrar a las personas para que aporten a la economía y salgan de la informalidad. Aunque Vox y Hazte Oír ya avisaron que seguirán insistiendo con nuevos recursos, la decisión del Supremo marca un precedente difícil de revertir.
Al final, la justicia eligió la realidad social de quienes ya viven, trabajan y forman parte de nuestras ciudades por encima de los miedos electorales y las campañas de fake news. Los trámites siguen su curso y el calendario no se toca.
A veces, la justicia simplemente se trata de reconocer lo que ya es una realidad en la calle, aunque hay quienes ven en un derecho un peligro.
